A tal punto ha llegado el descaro con la politiquería y la corrupción, que sus protagonistas, tanto en el Congreso como en el Gobierno, ya ni siquiera se molestan en desmentir las acusaciones de corrupción cuando estas emergen. Ya ni siquiera se toman el trabajo de decir que las acusaciones son falsas y defender su conducta. Y me refiero a la conducta institucional, no la personal (por ahí el descaro ya pasó hace rato): es decir, ni Gobierno, ni Congreso, ni los partidos políticos, son ya capaces de defender su honor y su conducta ante los señalamientos.
Dos casos:
1. Una senadora organiza un debate donde señala a un partido político de estar realizando alianzas en todas las regiones del país con los clanes politiqueros más cuestionados. Y departamento por departamento muestra nombres. Vinieron luego las intervenciones de los congresistas. Le dijeron que era una gritona, que los respetara, que esa no era la manera de hablar, etc. Nadie dijo que sus denuncias fueran falsas.
2. La nueva directora del Sena denuncia que se ha utilizado el presupuesto de la entidad, a través de multimillonarios contratos, para hacer politiquería y para favorecer económicamente a ciertas personas y grupos. Además de declararla insubsistente (es decir, echarla, ni siquiera pedirle la renuncia), el Gobierno, que debería responder por el modo como se maneja una de sus más grandes e importantes entidades, acusa a la funcionaria de no haber seguido el conducto regular de la denuncia, y el funcionario más directamente implicado, el secretario general de la presidencia, dice que ella ya sabía de esos contratos. Pero no niegan lo que dice. No dicen que lo denunciado sea falso. Y no lo pueden decir porque seguramente no tienen elementos para sostenerlo. Y porque este Gobierno, débil y postrado como pocos ante el hambre de los clanes políticos, no puede más que tolerar sus maniobras y dejarlas pasar.
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