domingo, 14 de enero de 2018

Medición de la libertad económica: el diablo está en el diseño

Este texto es la fusión casi literal de dos columnas de mi propia autoría, publicadas el 28 de septiembre de 2007 y el 5 de octubre del mismo año en el portal Dinero.com. Las referencias a los índices de libertad económica de Fraser Institute y Heritage Foundation corresponden a las versiones del año 2007.


Habrán oído los lectores de dos índices que se publican anualmente y que miden la libertad económica en varios países del mundo, realizados y publicados de manera independiente por el Fraser Institute de Canadá y por la Heritage Foundation de Estados Unidos. El propósito de dichos estudios es el de calificar numéricamente el grado de libertad económica de cada país, para luego ordenar los países en lista descendente, y mostrar correlaciones con otros indicadores, como corrupción, desarrollo humano, ingreso per cápita, etc.

Estos trabajos merecen un reconocimiento, pues la libertad económica es un valor de suma importancia.

Creo sin embargo que el esfuerzo de construcción de estos indicadores es vulnerable a una crítica conceptual. En particular, considero que estos índices enfrentan desde el principio un problema relacionado con el concepto de libertad económica que utilizan para su metodología, pues al menos en una primera aproximación, es posible encontrar que tanto en el discurso académico como en el político se manejan varios conceptos de libertad económica, no necesariamente armónicos entre sí. En mi opinión, y siguiendo de cierto modo la línea trazada por Isaiah Berlin, creo que estos conceptos diversos pueden agruparse en dos.

El primero concibe a la libertad como ausencia de coerción. Es, por así decirlo, el concepto más usual e intuitivo de libertad. Si otra persona, u otras personas, o el Estado a través de su autoridad, me impiden hacer algo, entonces no soy libre para hacer tal cosa. El concepto de libertad económica significaría, desde este punto de vista, que el nivel de coerción en materias económicas es muy bajo. Y digo muy bajo, porque la ausencia total de coerción no existe sino en los sueños. Si las reglamentaciones me impiden o me dificultan abrir un negocio; si los aranceles o las barreras dificultan mis transacciones comerciales con extranjeros; si la ley limita de manera significativa mi autonomía contractual, puede decirse entonces que mi libertad económica está seriamente disminuida.

De acuerdo con el segundo concepto de libertad económica, la ausencia de coerción no es un criterio suficiente para afirmar que existe tal libertad. Porque, se dice dentro de esta visión, de nada vale que no haya coerción, si los individuos carecen de los medios materiales necesarios para ejercer su libertad. Un representante de la primera visión diría, por ejemplo, que si no existen controles de precios en el mercado de alimentos, en ese mercado hay libertad económica. Pero el representante de la segunda visión objetaría, y diría que hay personas que carecen del dinero necesario para comprar alimentos, luego, por más que no haya controles, estas personas no son libres en ese aspecto. Y generalmente este concepto se presenta de un modo más global, y no meramente con relación a un mercado específico: se dice que la pobreza implica también carencia de libertad económica, pues aunque haya opciones no hay manera de ejercerlas.

Tenemos entonces dos conceptos contrapuestos: uno que concibe la libertad económica como ausencia de coerción, y otro que la concibe como disponibilidad de los elementos materiales necesarios para poder ejercer las opciones que el sistema permite.

¿Cuál es el reto que esto plantea para los índices antes mencionados? Estos tienen una clara orientación liberal en sus bases conceptuales, es decir, muestran en general una inclinación hacia el primero de los conceptos de libertad económica.

El problema radica en que ambos índices incorporan también variables que no corresponden a este concepto, y que, en mi opinión pertenecen a la segunda visión. Es decir, son variables que no miden la ausencia de coerción, sino la existencia de condiciones para ejercer efectivamente la libertad. Pero no incluyen otras que también emergerían de ese segundo concepto, luego la elección parece arbitraria.

El ejemplo que tomaré para ilustrar este argumento es el de la política monetaria: en ambos estudios se considera que una política monetaria sana, es decir, una que controle la inflación, es un elemento de la libertad económica. Pero podría alguien objetar: el nivel de inflación y la salud de la moneda no tienen nada que ver con la coerción o la ausencia de esta. La inflación no ejerce coerción, pero sí implica que las condiciones materiales para la autonomía económica disminuyen. ¿Y si se admite entonces esta variable, por qué no admitir otras que tienen un efecto similar, como la pobreza? Al igual que la inflación, dirá quien objeta, la pobreza impide a las personas ejercer con plenitud sus opciones económicas.

Vemos así, entonces, que los estudios que miden la libertad económica enfrentan un problema conceptual: si bien dichos índices se construyen principalmente sobre un concepto de libertad económica definido como ausencia de coerción estatal en materias económicas, incluyen también variables que parecerían responder a otro concepto, a saber, la existencia de condiciones materiales efectivas para el ejercicio real de la acción económica libre. Sin embargo, tales estudios no incluyen todas las variables que podrían admitirse dentro del segundo concepto, por lo cual su elección resulta arbitraria o caprichosa.

En el índice de Fraser Institute no hay una definición como tal de libertad económica, sino que se dice que ella se compone de varios elementos: libertad de elección personal, intercambio voluntario en el mercado, libertad de entrada y competencia, y protección de las personas y sus propiedades. Es la pura concepción negativa de libertad económica, aderezada con el elemento de la propiedad.
En el estudio de Heritage Foundation, conscientes tal vez de que todas las variables de su interés no encajan dentro del concepto negativo, introducen un matiz: definen la libertad económica como “autonomía material”, y dicen que es un concepto positivo, no meramente definido como ausencia de coerción, sino que incluye también condiciones efectivas, como la vigencia de los derechos de propiedad y la moneda sana. A continuación, sugieren que el tratamiento teórico más adecuado para tales conceptos positivos es el de verlos como “bienes públicos”, es decir, aquellos bienes, como la luz del sol, cuyo disfrute no impide el goce que otros puedan hacer de ellos.

Pero tomemos el caso de la política monetaria, incluida como variable en los dos índices. En ambos estudios, el criterio principal para valorar una política monetaria como buena es la estabilidad de los precios, es decir, niveles de inflación bajos y controlados. Tanto Fraser como Heritage introducen sub-variables de menor peso, ellas sí muy claramente pertenecientes al concepto negativo de libertad económica: posibilidad de tener cuentas en moneda extranjera (Fraser) y ausencia de controles de precios (Heritage).

La variable “política monetaria”, así definida, muy poco tiene que ver con ausencia de coerción. Por el contrario, mide la vigencia de ciertas condiciones reales que permiten un ejercicio efectivo de la autonomía económica. Por tanto, no es fácil justificar su inclusión en estos índices. Como tampoco es fácil, entonces, justificar el que no se incluyan otras condiciones materiales de ejercicio de la libertad.

Signo de dicha dificultad es que, al intentar justificar la inclusión de la variable, ambos estudios recurren a metáforas, una de ellas, la de Heritage, muy errónea e infortunada: “El dinero lubrica las ruedas del intercambio” (Fraser); “La libertad monetaria es a la economía de mercado lo que la libertad de expresión es a la democracia” (Heritage). Luego, cada uno explica, en sus propias palabras, que las actividades económicas resultan muy difíciles allí dónde no hay una moneda sana. Cosa muy cierta; pero, podría decir un crítico, nada tiene eso que ver con el concepto de “libertad”: una cosa es ser libre de salir en mi automóvil, y otra muy diferente es que las calles estén bien pavimentadas. Y el crítico podría ir más allá, y decir que, si se acepta que dentro del concepto de libertad económica puede haber variables que midan, no ausencia de coerción, sino posibilidad efectiva de ejercicio de la autonomía, deberían incluirse también otras como el nivel de ingresos, el nivel de educación, el acceso a salud y servicios públicos, etc. Si dentro de mi definición de “libertad de salir en automóvil” entra la variable “calles bien pavimentadas”, debería también entrar “tenencia de automóvil”.

El matiz que introduce el índice Heritage no resuelve el problema, sino se limita a ponerlo en evidencia, pues, dado que allí mismo se reconoce que el concepto de libertad económica puede incluir derechos de orden positivo y bienes públicos, resulta más difícil aún explicar por qué se seleccionan algunos de estos y otros no. Un economista familiarizado con la iniciativa de las “Metas del Milenio”, por ejemplo, podría proponer un cierto ramillete de “bienes públicos” que escandalizarían a la Heritage Foundation. Todo el ejercicio queda entonces muy vulnerable a la crítica de que no es más que una construcción ideológica: es la ideología la que dicta qué conceptos positivos se admiten y cuáles se rechazan. El uso del concepto “libertad económica” queda entonces cuestionado en su legitimidad teórica.


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